Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Condenan en Sentencia a la compañía telefónica VODAFONE al pago de indemnización por interrupción del servicio así como a la cantidad de 1.000,00 € por daños morales más intereses a una cliente a la que dejaron sin servicio de internet y línea telefónica”

La actora, que ha estado representada y asistido por la Abogada Carmen Alcedo Megías, Letrada de MONTE REY ABOGADOS, vió interrumpido el servicio telefónico y de internet que prestaba la compañía VODAFONE durante algo más de un mes. Por tales circunstancias la perjudicada consideró que, además de serle devueltas las facturas indebidamente cobradas e indemnizarle en compensación a ello debía ser indemnizada también por los daños morales que le había ocasionado no disponer de internet ni servicio de línea telefónica en su local de trabajo así como por las continuas gestiones que debió realizar hasta que consiguió que se restableciera el servicio. La Sentencia del Juzgado de primera Instancia 21 de Sevilla estima la petición de nuestra cliente al entender que existen perjuicios reales en los que se estima procedente incluso la indemnización por daños morales.

Para mayor información puede contactar con nuestro despacho de abogados por vía telefónica o en la dirección de e-mail calcedo@montereyabogados.com. Para acceder a la Sentencia pinche en el siguiente enlace SENTENCIA
0

El Juzgado de lo Social número 34 de Madrid estima la demanda interpuesta por un trabajador, y al declarar la improcedencia, condena a la empresa a que readmita con carácter inmediato, en la mismas condiciones vigentes con anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados percibir con sus correspondientes intereses moratorios y a que lo indemnice -además- a modo de  penitencia o disuasión en 2.500€. En MONTE REY ABOGADOS (954537586) podemos asesorarle si se encuentra en situación parecida a la relatada. Si quiere acceder a la Sentencia DESPIDO_IMPROCEDENTE_READMISION
0

La Fiscal General del Estado ha dictado la Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
En MONTE REY ABOGADOS le podemos asesorar si se encuentra con una ocupación de un inmueble de su propiedad, si desea alquilar una vivienda o solventar alguna duda respecto a los derechos y obligaciones que pueden derivarse de su contrato de alquiler. Llámenos al 954537586.  Acceda a la Instrucción de la Fiscalía General del Estado.INSTRUCCION 1-2020 15 DE SEPTIEMBRE
0


Como señala el Departamento de Comunicación Poder Judicial, la Magistrada del Juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, ha dictado una sentencia en la que estima la demanda presentada por el sindicato FASAMET contra la Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y condena a estas administraciones públicas a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los (empleados públicos) sanitarios del grupo de clasificación A, en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Teruel y especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la enfermedad Covid-19.

En la amplia y pormenorizada sentencia dictada, la juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento. Por ello, la DGA, y los organismos autónomos dependientes de ella (SAS e IASS) tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en

el desarrollo de su trabajo. “Encontrándonos ante una pandemia por el virus denominado Covid-19, -manifiesta- son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”.

Respecto a lo esgrimido por las coodemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, responde la magistrada diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del art. 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”. En su razonamiento incide en que “La declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

Rechaza la magistrada la premisa de las administraciones acerca de que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra de ello que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas” (en referencia a los reiterados anuncios realizados por la OMS –Hecho probado III “cronología de la actuación de la OMS”-) y concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPIS para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Reconoce abiertamente la juzgadora en uno de los párrafos de la sentencia que “Los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición al Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente, e incluso han cumplido con las obligaciones impuestas en el art. 29. 2 de la LPRL”

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala Social del TSJ de Aragón en el plazo de 5 días hábiles.
Acceso al texto íntegro de la Sentencia 20_06_04-ST-DERECHOS-FUNDAMENTALES-FASAMET

0



El actor, que ha estado representado y asistido por el Abogado Manuel Alcedo Baeza, Letrado fundador de MONTE REY ABOGADOS, prestaba sus servicios en el año 2013 para determinada empresa en Arabia Saudí, siendo contactado por responsable de multinacional ubicada en España, quien le trasladó oferta de  empleo para prestar sus servicios para la misma. 

Tal  circunstancia fue la que determinó que el actor dejara su puesto de trabajo y se desplazara a España. Estando ya en nuestro país se le comunicó que había problemas para suscribir contrato de trabajo y que sería contratado como autónomo, no teniendo otra salida que aceptar, pues la vuelta a Arabia resultaba inviable.

Tras más de cinco años de vinculación, por la empresa se  le remitió carta de resolución  del contrato de prestación de servicios con fecha de efectos 30 de septiembre de 2018.

Se presentó demanda de despido interesando la declaración de la relación como laboral común y que el despido fuera calificado como improcedente.

A pesar de suscribir contrato de prestación de servicios, el Juzgado de lo Social considera que la relación entre las partes es de carácter laboral, que hubo un despido y que el mismo fue improcedente. Condena de la empresa a optar en el plazo de cinco días entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 LRJS y con el artículo 56.1 ET ascendiendo a “treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades”. Además de condenar al pago de las dos últimas nóminas que no le habían sido satisfechas, acuerda que -en su momento- se deduzca testimonio del fallo sobre el particular a la Inspección de Trabajo y a la AEAT para que tomen conocimiento de tal declaración y puedan, en su caso, iniciar las actuaciones de regularización de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Si desea mayor información, puede contactar con el Letrado que asumió la Dirección en malcedo@montereyabogados.com. También puede acceder a la Sentencia en el siguiente enlace
2020_03_19_SENTENCIA
0

ENTRADAS ANTERIORESPage 1 of 8NO HAY NUEVAS ENTRADAS